Perú es uno de los países más megadiversos del planeta, con una riqueza excepcional de ecosistemas, especies y saberes ancestrales. Hoy, esta biodiversidad enfrenta crecientes amenazas.
Autor: Carlos Guardia Brown
El Perú es reconocido como uno de los países megadiversos del planeta: alberga el 70 % de la biodiversidad mundial, posee 84 de los 114 microclimas existentes y es el segundo país con mayor extensión amazónica después de Brasil (MINAM, 2019; Lukacs de Pereny, 2020). Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta una presión creciente debido a actividades extractivas ilegales, debilidades institucionales y un modelo de desarrollo que no ha logrado integrar de manera efectiva la sostenibilidad ambiental.
En 2026, estos desafíos se agravan al coincidir con un proceso electoral nacional marcado por la inestabilidad política y el debilitamiento de las políticas ambientales. En este escenario, la minería ilegal, el crimen organizado, la deforestación y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas se consolidan como problemas estructurales que afectan tanto al ambiente como a la seguridad y la salud de la población (SPDA, 2024).
El proceso electoral de 2026 se desarrolla en un contexto de crisis de legitimidad política, caracterizado por la pérdida de confianza ciudadana en el Ejecutivo y el Legislativo. A pesar de la relevancia estratégica del capital natural peruano —del cual dependen cerca del 20 % del PBI y el 65 % de la agricultura nacional—, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales (Lukacs de Pereny, 2020).
Según Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “la protección del medioambiente está íntimamente vinculada a derechos fundamentales como el derecho a la salud, la alimentación y el acceso al agua segura” (Sierra, 2026).
No obstante, advierte que estos temas han sido desplazados por discursos que muestran tolerancia hacia la minería ilegal, incluso desde espacios de alto nivel empresarial y político.
La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 refuerza esta preocupación, pues especialistas sostienen que esta medida prolonga la informalidad y facilita la continuidad de actividades ilegales con alto impacto ambiental. (SPDA, 2024).
La minería ilegal de oro es uno de los principales factores de degradación ambiental en el país. Está presente en al menos nueve regiones amazónicas y ha invadido más de 200 ríos y quebradas (Mongabay, 2026). Uno de sus impactos más graves es la contaminación por mercurio. De acuerdo con distintos autores, esta actividad vierte aproximadamente 40 toneladas de mercurio en los ríos y la cuenca amazónica, afectando gravemente la calidad del agua y la salud humana (USAID, 2014; Devida, 2025).Cuando el mercurio ingresa a los cuerpos de agua, se transforma en metilmercurio, una de sus formas más tóxicas, que se incorpora a la cadena alimentaria. Esto afecta a peces, fauna silvestre y comunidades humanas que dependen de estos recursos para su subsistencia (Vega et al, 2024).
Además, la minería ilegal es una de las principales causas de deforestación. Solo en Madre de Dios, entre 2001 y 2024, se han degradado más de 119 000 hectáreas de bosque. A nivel nacional, la tala ilegal, la expansión agrícola y la minería figuran entre las causas principales de la pérdida de bosques primarios húmedos, que supera los 2.19 millones de hectáreas (UNODC & DEVIDA, 2024).
El narcotráfico constituye otro factor clave de presión sobre los ecosistemas amazónicos. En 2025 se registraron más de 89 000 hectáreas de cultivos ilegales de coca, muchos de ellos ubicados dentro de áreas naturales protegidas y territorios indígenas (UNODC & DEVIDA, 2024). Estas economías ilícitas están estrechamente vinculadas al aumento de la deforestación y a la violencia contra defensores ambientales.
Estudios recientes advierten que ciertos proyectos de infraestructura vial promovidos por el Estado podrían fortalecer las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal, incrementando los riesgos ambientales y de seguridad en la Amazonía (Global Witness, 2024).
Los pueblos indígenas desempeñan un rol fundamental en la conservación de los ecosistemas amazónicos. Actualmente, al menos 15 naciones originarias han establecido gobiernos territoriales autónomos o se encuentran en proceso de hacerlo. Estas iniciativas buscan fortalecer el autogobierno, la protección del territorio y la defensa frente a actividades ilícitas.(AIDESEP, 2024).
Gil Inoach Shawit, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, sostiene que “reconocer los derechos de los pueblos indígenas e implementar los tratados internacionales es clave para que los pueblos se autogobiernen y protejan sus territorios” . Sin embargo, estas demandas aún carecen de un marco jurídico sólido que las respalde plenamente. (CIDH, 2023).
A nivel internacional, el Perú enfrenta serias dificultades para cumplir con sus compromisos ambientales. El país aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú y enfrenta cuestionamientos por modificaciones legislativas que debilitan la Ley Forestal. Estas decisiones afectan la transparencia y la trazabilidad exigidas por normas internacionales como la Ley de Cero Deforestación de la Unión Europea, que entrará en vigencia en 2026 (DAR, 2024).
Según el Environmental Performance Index (EPI), el Perú ocupa el puesto 90 de 180 países en desempeño ambiental, evidenciando rezagos importantes en biodiversidad, gestión de residuos y protección de hábitats (2020) (Lukacs de Pereny, 2020).
