Reciente estudio del Dr. Juan Arroyo examina las políticas públicas peruanas sobre la migración venezolana entre 2017 y 2022, identificando los factores que influyeron en su desarrollo e implementación.
Autora: Adriana Velásquez
En los últimos años, el Perú se convirtió en uno de los principales destinos de la migración venezolana en América Latina. El arribo de más de un millón ochocientos mil personas transformó no solo el panorama social y económico del país, sino también la agenda pública y política. Este fenómeno, sin precedentes en la historia reciente, generó debates sobre seguridad, empleo, informalidad y derechos humanos.
¿Cómo reaccionó el Estado frente a un flujo migratorio de tal magnitud? ¿Y qué lecciones podemos aprender para enfrentar futuras crisis? Para responder a estas preguntas, conversamos con el Dr. Juan Arroyo, investigador de Pulso PUCP y coordinador regional de la red de investigadores Lancet Migration Latin America.
Su reciente publicación “La formulación de políticas sobre la migración venezolana en Perú 2017-2022: procesos, puntos de bifurcación y factores impulsores” analiza las distintas fases que atravesó la política migratoria peruana y los factores que marcaron su rumbo.
El Perú ha tenido 13 fases de políticas públicas migratorias sobre la ola venezolana. La primera fue de puertas abiertas con el presidente Kuczynski, quien facilitó el ingreso enormemente al Perú y ofreció pagar buenos salarios y generar empleos para los venezolanos.
La segunda etapa fue con Vizcarra. Esta se caracterizó por la “securitización”, es decir, la migración comenzó a ser vista en términos de incremento de la delincuencia. Fue, por tanto, una etapa más restrictiva hacia la migración venezolana.
La tercera es la etapa que continúa hasta hoy: la de invisibilización del problema y normalización de la migración irregular. En esta, los documentos no se otorgan porque la burocracia estatal es grande, porque se busca cobrar, y porque se exigen documentos que en Venezuela no están disponibles para los migrantes. Esta última etapa es la que vivimos desde la pandemia hasta la actualidad.
En el artículo proponemos tres explicaciones para la política migratoria particular del Perú. Una primera explicación tiene que ver con que las coaliciones de incidencia, es decir, los bloques de organismos interesados en resolver el problema están muy lejos de los centros de decisión del Ejecutivo. La segunda explicación es la fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al no tener mayoría parlamentaria, el Ejecutivo utilizó el tema migratorio como herramienta política.
En un contexto de fuerte ánimo anti-Maduro, el presidente Kuczynski creyó que liderando la política antimigratoria regional podría posicionarse. Así, en 2017 impulsó la creación del Grupo de Lima. Con Vizcarra, la situación cambió, la opinión pública empezó a inculpar a los venezolanos de la ola delictiva, lo que llevó a su gobierno a endurecer medidas y hasta deportar migrantes.
La tercera explicación es el viraje de la opinión pública, alimentado por el rol de los medios de comunicación y las fake news. Se empezó a instalar la idea de que “migración es igual a delito”, algo sin sustento en la realidad. Sí, algunos migrantes han estado involucrados en delitos, pero son una minoría frente al millón ochocientos mil que llegaron. Lo que ha ocurrido es que el delito en el Perú, antes de baja intensidad y baja violencia, se volvió más violento y sofisticado tras la llegada de colombianos, mexicanos y venezolanos. Más que cantidad, se trata del tipo de violencia: las bandas peruanas adquirieron “tecnología delictiva” del exterior.
En ciencia política se diferencia politics de policy. Politics está más relacionada con el manejo de actores y estrategias de poder, mientras que policy se vincula con soluciones pragmáticas a problemas. Cuando hablamos de política migratoria, debería ser un tema de policy (política pública). Sin embargo, en el caso peruano no ha habido un real interés en resolver la situación de un millón 800 mil migrantes. El tema se ha tratado más como estrategia política, para acumular puntos ante la opinión pública.
De hecho, durante la pandemia se suspendió la entrega de documentos migratorios. La crisis sanitaria cambió bruscamente la situación, ya que dejaron de expedirse permisos temporales de trabajo. Incluso oficinas como Sunarp cerraron por meses. Aunque se implementaron periodos de regularización, estos fueron cortos (dos o tres meses). Además, muchos migrantes temen presentarse porque creen que serán detenidos, como ocurre en Estados Unidos. Esto genera un círculo vicioso que debe romperse.
Lo fundamental es preguntarse si, en el futuro, las migraciones serán algo normal o si hemos vivido un hito extraordinario. Yo creo que el escenario es de migraciones crecientes, no solo en el Perú, sino en el mundo. Antes uno migraba al exterior para estudiar, pero ahora ya no son migraciones buscando mejoras de calidad de vida, sino son migraciones por expulsión de sus países, guerras o conflictos internos. El caso venezolano es uno; también Haití, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Estado peruano suele aplicar una lógica de “dejar hacer, dejar pasar”. Sé que los recursos son escasos y no alcanzan ni para quienes vivimos aquí, pero no podemos olvidar que más de tres millones de peruanos también viven en el exterior. Entonces, la única forma de aprovechar la migración es abrirla de manera regular y controlada, sabiendo qué peruanos salen y qué extranjeros ingresan. Por lo general, la migración es favorable. En el caso de los venezolanos, la población migrante ha demostrado ser altamente profesional, lo que facilita su inserción laboral.
No se trata de construir muros, porque las poblaciones son móviles. Tampoco de propiciar desplazamientos masivos forzados, sino de gestionar estos procesos de manera ordenada. Por ejemplo, el despoblamiento rural debería abordarse con políticas de expansión económica inclusiva. De igual forma, en América Latina se requiere un desarrollo equilibrado que permita recibir migrantes y, a la vez, dar oportunidades a quienes se desplazan en busca de trabajo y calidad de vida.
Foto: El Comercio
