A través de una mesa de trabajo, ambas instituciones pudieron analizar los factores que afectan el bienestar socioemocional de los docentes en Lima Metropolitana y Callao, y definir estrategias de colaboración y seguimiento.
El bienestar socioemocional docente es clave para garantizar una educación de calidad, ya que el estado emocional, la motivación y las condiciones laborales del personal docente influyen de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en los últimos años, factores como el estrés, la sobrecarga de trabajo y la inseguridad social han afectado significativamente la salud mental del magisterio. Esta situación ha evidenciado la urgencia de acciones que aborden esta problemática.
Es por ello que, en el marco del convenio entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Ministerio de Educación (Minedu), se llevó a cabo la mesa de trabajo sobre los resultados preliminares del Informe de evidencia de la afectación del bienestar socioemocional docente en Lima Metropolitana y Callao. El encuentro reunió a representantes del Minedu, del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria y de Pulso PUCP, con el propósito de discutir hallazgos, recoger aportes institucionales y definir una ruta de colaboración para el próximo año.
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El estudio, basado en el análisis cuantitativo de la Encuesta Nacional Docente (ENDO) 2020-2023 y los Censos Educativos 2020-2024, evidencia una marcada insatisfacción económica y una alta prevalencia de malestares psicológicos. En Lima Metropolitana, más del 70% de los docentes se declararon “nada” o “poco satisfechos” con su salario en 2022 y 2023, aunque la satisfacción aumentó del 20% al 39.1% en ese periodo. Asimismo, en Callao, siete de cada diez docentes reportaron haber experimentado estrés y cuatro de cada diez ansiedad durante los años de pandemia, afectando especialmente a las mujeres.
Un factor adicional que impacta en el bienestar docente es la creciente inseguridad ciudadana. Entre enero y marzo de 2025, más de 500 instituciones educativas privadas en Lima Metropolitana y Callao fueron víctimas de extorsiones, provocando el cierre de más de 170 colegios. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una cifra exacta para colegios públicos.
Frente a esta situación, Jonathan Gonzales, coordinador de Gestión de la Información del Minedu, declaró que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) deben desempeñar un rol articulador y de primer nivel de respuesta frente a estas problemáticas. Las entidades deben identificar los “factores que afectan el bienestar socioemocional del personal educativo —como la inseguridad, la sobrecarga laboral o las deficiencias en condiciones de vida y trabajo— y planteen respuestas adaptadas a cada contexto”.
Respecto a la renovación del convenio marco entre el Minedu y la PUCP, el funcionario explicó que la colaboración entre ambas instituciones busca consolidarse a largo plazo.
“Para ello, será clave que a través de la renovación de la suscripción del convenio u otro mecanismo que se vea por conveniente, se cuente con un horizonte temporal multianual que posibilite desarrollar acciones y productos de manera progresiva”,señaló.
Además, propone evaluar la creación de un Observatorio con indicadores de monitoreo que permita el seguimiento regional y local, concentrando evidencia académica y experiencias exitosas para orientar acciones desde los gobiernos subnacionales. Este espacio facilitaría el acceso a información útil para la comunidad educativa y promovería la replicabilidad de buenas prácticas. También fortalecería la asistencia técnica de la academia a las DRE y UGEL, mejorando la respuesta a las problemáticas locales.
